Los fiscalistas del Consejo General de Economistas consideran necesario ampliar el plazo de las autoliquidaciones; que la AEAT cese con la práctica de las notificaciones; agilizar aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias para empresas que no se consideran pymes; modificar el plazo de presentación del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio 2019, y modificar el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios iniciados en 2019.
Para los economistas, las medidas establecidas por el Gobierno para apoyar a las pymes y a las empresas de sectores vulnerables resultan loables, “pero no así para el resto de las empresas que, a duras penas, están intentado mantener la actividad, y a las que se está dejando en una situación de cierto desamparo”. Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “en nuestro país existen muchas empresas que, aunque continúan en funcionamiento, lo están haciendo a un menor nivel y que, además, cuentan con fondos de maniobra muy limitados, por lo que también deberían recibir apoyos por parte del Gobierno, como, por ejemplo, aplazando el pago del próximo 30 de marzo del IVA y de las cuotas a la Seguridad Social, así como los pagos fraccionados de Sociedades, las retenciones del IRPF y el IVA, que habrán de hacerse en abril”. Estás medidas temporales –según Pich– “podrían ser asumibles por el Estado”, quien ha recalcado que “no estamos hablando de condonación, sino de aplazamiento; ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias”.
Madrid, 20 de marzo de 2020.- El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– ha remido a la Agencia Tributaria un escrito en el que han reiterado la problemática existente con el mantenimiento de los plazos de autoliquidaciones y de declaraciones informativas, solicitando que se implemente, para todas las empresas, un procedimiento rápido de solicitud y concesión de aplazamientos de forma parecida al establecido para pymes, y que las Administraciones tributarias se abstengan de remitir nuevas notificaciones a los obligados tributarios hasta que pase esta situación.
El escrito consta de dos partes. En la primera, los fiscalistas del Consejo General de Economistas expresan “los problemas y sensaciones de los economistas asesores fiscales que se encuentran en despachos con los trabajadores teletrabajando, algunos preocupados por problemas de salud de ellos o de sus familiares, dependiendo para confeccionar autoliquidaciones y declaraciones informativas de empresas que se encuentran en parecidas circunstancias o han cerrado, sin poder recibir, en algunos casos, la documentación necesaria, intentando digerir la normativa publicada con motivo del estado de alarma, presionados con urgencia por muchos clientes para solicitar regulaciones de empleo y, en definitiva, sometidos a un estrés insoportable”.
Con este panorama, y apreciando las medidas paliativas tomadas, como la posibilidad de que las pymes aplacen con facilidad determinadas deudas tributarias o la ampliación de determinados plazos, desde el REAF no comprenden “que no se haya dado un paso más en lo que se refiere a la ampliación de los plazos de las autoliquidaciones y declaraciones cuyo término es inminente –por ejemplo, modelo 720, IVA de febrero o todas las correspondientes al primer trimestre–“.
Asimismo, el Registro de Economistas Asesores Fiscales considera que, el hecho de que, en medio de este cataclismo, se haya publicado la Orden que aprueba los modelos de Renta y Patrimonio, dejando el plazo de inicio de la campaña, como estaba previsto antes, en el 1 de abril, va a suponer que, en breve, los despachos empezarán a tener la presión de muchos contribuyentes para que elaboren la declaración.
De igual forma, el REAF entiende que no es momento de enviar notificaciones a los obligados tributarios, máxime cuando en muchos casos el período que dure el estado de alarma no computará a efectos de plazos de duración máxima de procedimientos, de caducidad o de prescripción, si bien reconocen que, en este aspecto, la AEAT ya ha mostrado su voluntad de ser cauta en este sentido.
En la segunda parte del escrito remitido a la AEAT, los fiscalistas del Consejo General de Economistas expresan la necesidad de adoptar una serie de medidas urgentes y concretas, al objeto de que la AEAT las tome en consideración o dé traslado de mismas al Ministerio. Dichas medidas son las siguientes:
- Ampliación de plazos de autoliquidaciones y declaraciones informativas.
- Cese de práctica de notificaciones, salvo casos muy excepcionales o de aquellas de las que se deriven efectos positivos para los contribuyentes.
- Agilizar aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias para empresas que no se consideran pymes, abriendo la posibilidad de aplazar retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y tributos repercutidos, aunque estudiando las autorizaciones caso por caso.
- Modificar el plazo de presentación del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio 2019.
- Modificar el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades para ejercicios iniciados en 2019 en consonancia con la modificación de plazos mercantiles contenida en el Real Decreto-ley 8/2020.
Por último, desde el REAF también consideran conveniente que las sociedades puedan modificar la modalidad de cálculo del pago fraccionado.
Entre otras medidas de apoyo –inmediatas y de choque– al sistema productivo por la crisis del coronavirus, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, considera que las anteriormente citadas “serían perfectamente asumibles por el Estado, estando firmemente convencido de que nuestras razonables peticiones van a ser finalmente atendidas”. También –según Pich– “debería estudiarse la ampliación de estas medidas en función de la inyección de liquidez que venga de la UE”.