Madrid, 14 de junio de 2016: Reforma de la Financiación Autonómica

     

    FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DE RÉGIMEN COMÚN:

    UNA REFORMA NECESARIA

    Hoy se ha presentado un estudio elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE) –en el que se analizan la estructura, el funcionamiento y los problemas del actual sistema de financiación de las CCAA– del que se desprende la necesidad de una reforma urgente de esta cuestión prioritaria y en el que se plantean 14 propuestas en este sentido.

                         

    • El trabajo realizado por el Consejo General de Economistas concluye que el sistema que tenemos es poco transparente y difícil de entender, lo que provoca tensiones institucionales que no facilitan el debate y dificulta la corresponsabilidad fiscal. Por otra parte, el reparto de recursos que se hace entre las CCAA resulta arbitrario y se altera el principio de ordinalidad.
    • El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló que “el Gobierno que salga elegido en los próximos comicios debería encarar con urgencia la reforma de la financiación autonómica, dado que las CCAA son las responsables de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que conforman la parte nuclear del Estado del bienestar”.
    • Se propone definir el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos; revisar el concepto de población ajustada en función del principio de necesidad; analizar la cesta de tributos cedidos; rebajar el porcentaje de recursos aportados por las Comunidades al Fondo de reparto; y eliminar los Fondos de Suficiencia y de Convergencia.

    Madrid, 14 de junio de 2016.- El Consejo General de Economistas ha elaborado un trabajo en el que se analizan la estructura y el funcionamiento del sistema de financiación autonómica de régimen común, llegando a la conclusión de que es muy poco transparente, lo que genera tensiones institucionales y dificulta la corresponsabilidad fiscal, dando como resultado un reparto de recursos arbitrario que altera el principio de ordinalidad.

    En cuanto a esta falta de transparencia, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señaló que “el ciudadano debería saber en todo momento lo que paga y a quién le paga, así como quién es el que le presta el servicio”. Por otra parte, el presidente del Consejo General insistió en la urgencia de reformar el actual sistema de financiación. Si no se hace –dijo Pich– “será muy difícil hacer un desarrollo ordenado de la capacidad normativa en materia impositiva de las CCAA, que en algunos tributos, como los medioambientales, resulta farragosa y extremadamente compleja”.

    Entre los problemas del actual sistema, el Consejo General de Economistas destaca los siguientes:

    • Adolece de falta de transparencia: por ser extremadamente complejo, no se entiende.
    • El resultado del sistema es un reparto de recursos arbitrario que mantiene unas diferencias entre Comunidades que no se explican por sus necesidades de gasto.
    • Altera el principio de ordinalidad en el sentido de que, después del reparto, Comunidades con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante que otras con menos capacidad y viceversa.
    • El reparto arbitrario y el incumplimiento de la ordinalidad se producen porque se quiso mantener el status quo previo a la implantación del nuevo sistema y por la consideración de criterios institucionales.
    • Los recursos globales de que disponen las Autonomías en estos momentos parecen insuficientes para atender los gastos transferidos.
    • No se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las CCAA tienen amplia capacidad normativa en muchos tributos, ya que el 75% de sus ingresos tributarios alimentan un fondo estatal (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) que luego se reparte.
    • La cesta de tributos cedidos no es coherente con una tributación global de la riqueza, algunos de ellos están obsoletos y los tributos propios tienen una regulación caótica.

    Los economistas realizan una serie de propuestas de reforma, entre las que destacan:

    • Definir el nivel de gasto necesario para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar, en consonancia con lo anterior, el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.
    • Cuantificar, según el grado de riqueza e índice de desarrollo –y a igualdad de esfuerzo fiscal–, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada Comunidad.
    • Revisar el concepto de población ajustada para reflejar mejor el principio de necesidad, lo cual será la base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad.
    • Revisar la cesta de tributos cedidos y realizar las reformas normativas necesarias con el objetivo de mejorarlos técnicamente, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las CCAA amplias capacidades normativas.
    • Rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada Comunidad aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal.
    • Podría plantearse la eliminación del resto de fondos, aportando los recursos del Estado que los nutren a un único fondo de reparto, consiguiendo así mayor transparencia.
    • Respetar el principio de ordinalidad.
    • Incrementar la interacción entre la AEAT y las agencias u organismos tributarios autonómicos y con la Seguridad Social.
    • Profundizar en la independencia de la AEAT del Ejecutivo y reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones.

    Se adjunta:
    Estudio Financiación autonómica de régimen común: una reforma necesaria.
    Power point con cuadros y gráficos.