El grado de control en el ámbito estatal es alto, algo menor en el autonómico y muy débil en el local
14 de noviembre de 2014.- Coorganizado por la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears y la Fundación FIASEP, se está celebrando en Palma de Mallorca, el VI CONGRESO NACIONAL DE AUDITORÍA EN EL SECTOR PÚBLICO, en el que, por parte del Consejo General de Economistas, participan, Carlos Puig de Travy, presidente del REA+REGA Auditores-CGE, Ramón Madrid Nicolás, Vicepresidente del REA+REGA Auditores-CGE, y Emilio Álvarez Pérez-Bedia, Presidente de la Comisión del Sector Público del REA+REGA Auditores-CGE
El REA+REGA, considera que la transparencia y la claridad deben constituir una práctica habitual en el comportamiento de los agentes económicos en cuanto que contribuyen a mejorar la información de los ciudadanos, derecho que resulta fundamental en el marco de una sociedad desarrollada, y su ausencia crea un caldo de cultivo que propicia la aparición de casos de corrupción y de fraude
Es fácil constatar que en el ámbito estatal el grado de control es alto, algo menor en el autonómico y muy débil en el local, de manera que existe un número elevado de ellos que se escapan a los controles mínimos deseables. En este sentido, podemos hablar de que en el ámbito estatal se pueden quedar fuera de control determinados consorcios, fondos sin personalidad jurídica y organismos autónomos. En las CCAA, muchas unidades de gestión de algunas áreas, además de algunas sociedades mercantiles, dándose la mayor carencia en fundaciones. Pero es en el ámbito local donde esta debilidad es de una magnitud realmente grave, tanto en Ayuntamientos como en entidades de ámbito territorial inferior al municipio, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones.
Para modificar esta situación, en los últimos años se viene produciendo una importante colaboración entre el sector público y el privado que consideramos que es necesario incrementar en estos momentos y mejorar los marcos de actuación, para lo que sería recomendable una regulación específica y más amplia, que no solo contemple esa cooperación, sino que establezca los criterios exigibles a los auditores privados, la normativa a aplicar y un régimen de responsabilidades independientemente de la contractual. La colaboración público-privada en el control debe potenciarse regulando el control de calidad de estos trabajos, potenciando el diálogo, compartiendo formación y experiencias, haciendo trabajos conjuntos y desarrollando la normativa reguladora de estas actuaciones.