12 de marzo de 2024.- PANORAMA DE LA FISCALIDAD AUTONÓMICA Y FORAL 2024

    • Los fiscalistas del Consejo General de Economistas señalan que es cada vez más común que las comunidades autónomas aprueben a lo largo del año medidas fiscales que modifican las aprobadas previamente para el mismo ejercicio, dando lugar a que estas últimas no lleguen a entrar en vigor, provocando inseguridad a los contribuyentes. En este sentido, han creído conveniente reflejar las principales novedades en el impuesto sobre la renta del año 2024, en comparación con el año anterior, así como las medidas aprobadas que impactan ya en la declaración de 2023. En relación con este impuesto observan una tendencia a la baja en las tarifas autonómicas para contrarrestar el efecto de la inflación, ya son 11 comunidades las que en los últimos dos años la han modificado. En el impuesto sobre el patrimonio, Andalucía ofrece a sus residentes la opción de elegir entre pagar la cuota en su comunidad, o bien al Estado a través del Impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. En cuanto a sucesiones y donaciones, cada vez son más las comunidades autónomas que aprueban bonificaciones en las herencias recibidas por hermanos, tíos y sobrinos.
    • El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha manifestado que “el sistema de financiación autonómica se encuentra en una situación de agotamiento”. En este contexto, ha instado a emprender de forma urgente una reforma integral con el fin de resolver los desafíos actuales en materia de fiscalidad. En cuanto a la imposición patrimonial ha expresado que «España no facilita la inversión extranjera, ya que es de los pocos países de Europa que aún aplica impuestos sobre la riqueza, lo que nos sitúa en una clara desventaja fiscal». En este sentido recordó que “desde el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas ya se había dicho que España no es un país fiscalmente atractivo para la inversión privada tanto nacional como extranjera, variable especialmente importante en la actualidad para nuestra economía, teniendo en cuenta la necesidad existente de reducir el gasto público para cumplir con las normativas fiscales europeas”.
    • El presidente del REAF Agustín Fernández, ha manifestado que “la introducción en el sistema tributario del nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ha provocado que varias comunidades hayan ajustado sus estrategias fiscales en el impuesto sobre el patrimonio para proteger su parte de la recaudación”.
    • Los economistas asesores fiscales señalan que la calidad normativa de las comunidades es deficiente. Se establecen muchos beneficios fiscales de compleja comprobación y de escasa relevancia para los contribuyentes. Muchos de los incentivos son nominativos y resultan poco efectivos, soportan un alto coste administrativo para su verificación, son de escasa recaudación y es discutible que alcancen los objetivos por lo que son creados.

    Madrid, 12 de marzo de 2024.- El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España ha presentado hoy el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2024, en el que recoge el desarrollo de la capacidad normativa de cada Comunidad, respecto al IRPF, impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones, e impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, agrupando en un apartado todo lo relativo a los impuestos propios, otro para los territorios forales –que tienen plena capacidad normativa en tributación–, resaltando las novedades introducidas para 2023, así como las aprobadas para 2024, y haciendo una comparativa basada en ejemplos prácticos.

    El informe realizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de España destaca las siguientes novedades para 2023 y 2024:

    • En IRPF:rebajan sus tarifas para 2024: Illes Balears, Cantabria, La Rioja, Navarra y el País Vasco y con efectos 2023: Aragón, Extremadura, Madrid y Navarra.
    • En IP: Andalucía da la opción a sus ciudadanos para decidir si quieren ingresar la cuota en sus comunidades o, bien, al Estado; Galicia establece que el importe de su bonificación -50 por 100- se minorará en el importe a pagar del impuesto a las grandes fortunas; Aragón incrementa su mínimo exento de 400.000€ a 700.000€; y Extremadura introduce una bonificación del 100 por 100. Para 2024: Illes Balears incrementa el mínimo exento de 700.000€ a 3.000.000€; y Cantabria introduce una bonificación del 100 por 100 para patrimonios inferiores a 3.00.000€.
    • En Sucesiones: para 2023: Illes Balears establece una bonificación del 100 por 100 para Grupos I y II y del 50-25 por 100 para el Grupo III;Canarias introduce una bonificación del 99,9 por 100 para Grupos I, II y III; y la Comunidad Valenciana del 99 por 100 para Grupos I y II. Para 2024: Aragón introduce una bonificación del 99 por 100 para Grupo I; Extremadura incrementa la reducción por parentesco hasta 500.000€ para Grupos I y II; y La Rioja modifica la bonificación del 99 por 100 para Grupos I y II, eliminándose el límite de 400.000€ de base liquidable.
    • En Donaciones: para 2023: Canarias introduce una bonificación del 99,9 por 100 y la Comunidad Valenciana del 99 por 100, en ambos casos para Grupos I y II. Para 2024: Aragón eleva la bonificación para los grupos I y II al 99 por 100. Además, se elimina el requisito de que la base imponible sea inferior o igual a 500.000€ para el grupo I; Asturias reduce la progresividad de la tarifa para Grupos I y II; y La Rioja modifica la bonificación del 99 por 100 para Grupos I y II, eliminándose el límite de 400.000€ de base liquidable.
    • En Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados: Cantabria reduce el tipo general, de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, del 10 al 9 por 100 y Galicia lo rebaja del 9 al 8 por 100.

    Las tendencias observadas por los economistas son las siguientes:

    • En el IRPF las principales diferencias se producen por la regulación de las tarifas –advirtiéndose cierta tendencia a rebajarlas–, en 2023 y 2024. En este último año hasta cinco Comunidades han optado por rebajar la tarifa y, además, el País Vasco y Navarra también han actualizado las deducciones por los mínimos personales y familiares. También se establecen numerosos incentivos fiscales con un impacto limitado en la recaudación para promover la natalidad, asistir a contribuyentes que enfrentan circunstancias de discapacidad, contrarrestar la despoblación rural y fomentar prácticas ambientales responsables, aunque la mayoría de los incentivos fiscales suelen estar dirigidos principalmente a contribuyentes de renta media.
    • En el impuesto sobre el patrimonio, Andalucía ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de que la recaudación se quede en su territorio o, bien, vaya al Estado.
    • En el impuesto sobre sucesiones y donaciones se continúa la misma tendencia observada en años anteriores de rebajar el impuesto mediante la introducción de mayores bonificaciones o el incremento de las reducciones por parentesco. En concreto, varias comunidades mejoran la tributación de los Grupos I, II y tambien del Grupo III.
    • En cuanto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se regulan nuevos tipos reducidos para la adquisición de vivienda por determinados colectivos. Muchas comunidades aplican tipos reducidos en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas cuando en las transmisiones de inmuebles no se renuncia a la exención del IVA y, sin embargo, penalizan las transmisiones con renuncia a la exención del IVA subiendo los tipos en la modalidad de actos jurídicos documentados.
    • Respecto a los tributos propios, Madrid sigue siendo la única comunidad que no los exige.

    Del estudio se pueden obtener las siguientes conclusiones:

    • Los impuestos propios representan solo el 2,2% de los ingresos tributarios en 2022, por lo que siguen siendo una escasa fuente de financiación para las autonomías. La recaudación por impuestos propios ha crecido en 2022 con respecto a 2021 un 10,9%.
    • En el año 2024 se han producido numerosas modificaciones en el panorama de los impuestos propios como consecuencia de la creación del Impuesto estatal sobre residuos, que ha supuesto que las CCAA que tenían implantado un impuesto similar hayan procedido a suprimirlo o dejarlo sin efecto. En el año 2024, no ha habido creación de nuevos impuestos, solamente derogación de algunos y modificación de los ya existentes.
    • Los ingresos tributarios ligados a la financiación de las CCAA, en general, han visto incrementada su recaudación por impuestos, desde 2007, último año anterior a la crisis financiera, hasta 2021, en un 39,55 por 100, y ello se debe a su participación en los grandes impuestos cedidos parcialmente, Renta, IVA e IIEE, aunque haya incidido en sentido contrario la bajada en Patrimonio –por los cambios normativos– y, sobre todo en ITP y AJD, por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
    • En cuanto a los ingresos tributarios del Estado, en el año 2022 se logran por el IRPF 109.485 millones de euros, un 15,8 por 100 más que en 2021 superando, por quinta vez, lo recaudado en el año anterior a la crisis, 2007, con ingresos de 72.614 millones de euros.
    • Respecto al crecimiento de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades sigue al alza. Si comparamos 2022 con 2021, se incrementa la recaudación en un 20,84%, aunque muy por debajo del incremento del 68% que se produjo en 2020 respecto con 2021.
    • En el IRPF, las CCAA regulan muchas deducciones, en general con poco coste recaudatorio porque se suelen establecer para contribuyentes con circunstancias muy concretas y, normalmente, con rentas bajas. En los últimos años se regulan incentivos para paliar la despoblación rural.
    • En ese impuesto, las CCAA han utilizado mucho su capacidad normativa. Para 2024 cinco comunidades han rebajado la tarifa, continuando con la tónica que varias ya iniciaron en 2023. País Vasco y Navarra tambien han actualizado las deducciones por mínimos personales y familiares.
    • Las tarifas del IRPF de las Comunidades se apartan de la tarifa estatal (9,5 a 24,5%). Así, de las CCAA de régimen común, cuatro tienen el mismo tipo mínimo que la estatal, cuatro lo han fijado por debajo y, para las tres restantes, es superior. Por lo que se refiere al marginal máximo, en seis comunidades es inferior al estatal y en ocho superior.
    • En el IP se ha utilizado menos la capacidad normativa. Lo más relevante es la bonificación del 100% de Andalucía, Extremadura, Madrid y Cantabria, esta última solo para patrimonios superiores a 3.000.000€ y del 50% en Galicia. Andalucía da la opción a sus ciudadanos para decidir si quieren ingresar la cuota en sus comunidades o, bien, al Estado, a través del Impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. En cuanto a los mínimos exentos, se han establecido más bajos que la norma estatal en Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana, y más alto en Illes Balears y en la Región de Murcia.
    • Convendría plantearse si merece la pena ir a contracorriente en la tributación sobre la riqueza en el seno de la UE.
    • En sucesiones son diez las comunidades que regulan los mismos tipos de gravamen que los de la tarifa estatal (7,65 a 34%), aunque algunas tienen tarifas propias en función del parentesco. En la mayoría prácticamente no se paga cuando los sucesores son familiares cercanos y, en el resto, prácticamente no se paga cuando cada heredero no tiene una base superior a cierta cantidad que, como poco, es de 300.000€. En Illes Balears, Canarias, Cantabria y Madrid se alivia la tributación también a los familiares del grupo III.
    • En donaciones prácticamente no tributan los familiares cercanos y Madrid y la Región de Murcia bonifican al grupo III.
    • La mayoría de las CCAA mejoran los beneficios fiscales que la norma estatal regula para la transmisión de la empresa familiar.
    • En el ITPyAJD, en las dos modalidades, se han regulado muchos tipos reducidos para hechos imponibles muy concretos como adquisición de vivienda habitual cuando se realiza por personas jóvenes, con discapacidad o por familias numerosas.
    • Salvo la Comunidad de Madrid y Navarra, el resto tiene tipos más elevados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas que el estatal del 6%. En Baleares se puede llegar a pagar hasta el 13% para la parte de la base imponible que supere dos millones de euros.
    • En la modalidad de AJD, Canarias y Madrid aplican un tipo inferior al 1%, que es el establecido por La Rioja, y la mayoría de las Comunidades aplican tipos del 1,5%.
    • Muchas Comunidades aplican tipos reducidos en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas cuando en las transmisiones de inmuebles no se renuncia a la exención del IVA y, por el contrario, penalizan la tributación en la modalidad de AJD cuando se renuncia a la exención del IVA.
    • En definitiva, la capacidad normativa de las CCAA se ha utilizado en TPOyAJD, en general, para incrementar los tipos impositivos.
    • Deberíamos repensar el gravamen de AJD que, en vivienda nueva, incrementa lo pagado por IVA –10%– y, en otros hechos imponibles, constituye un peaje para el dinamismo de operaciones inmobiliarias.
    • Las CCAA deberían hacer un esfuerzo en la unificación de plataformas para la gestión de los tributos cedidos, tanto para el ciudadano como para los colaboradores sociales.
    • Sería aconsejable que las Comunidades que aún no han publicado un texto refundido de los impuestos cedidos lo hagan para mayor seguridad jurídica de sus ciudadanos.