Según la opinión de los profesionales, la deducción por investigación e innovación no
motiva que las empresas inviertan más en esta actividad, los módulos facilitan el
fraude, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones no cumplen
con los objetivos que justifican su aplicación y las Administraciones tributarias no se
adaptan al mundo de la empresa y de los contribuyentes y han endurecido sus
actuaciones de comprobación.
Según los resultados de la encuesta, el sistema tributario no ha mejorado con el
tiempo, es demasiado complejo y el IVA tiene excesivos costes de cumplimiento.
Madrid, 22 de septiembre de 2020.- El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano
especializado del Consejo General de Economistas (CGE), ha presentado la encuesta realizada por el
Instituto de Economía de Barcelona (IEB) en la que se recoge la opinión de un colectivo de más de
5.000 economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario, a través de más de 700
contestaciones al formulario propuesto.
En la presentación han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas
de España, Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF),
José María Durán, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), y Alejandro Esteller,
catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y miembro del IEB.
Todos ellos han coincidido en resaltar la importancia de este estudio empírico ya que, al haberse
obtenido respuestas de una muestra tan significativa de asesores fiscales de toda la geografía
española, que son unos actores tributarios muy cualificados para formarse una opinión sobre el
sistema tributario -no solo como profesionales sino también como observadores de la percepción de
contribuyentes particulares y empresas-, los resultados de dicho estudio pueden dar una idea
fidedigna de la opinión mayoritaria.
Para el presidente del CGE, Valentín Pich, “la encuesta pone de relieve algo que ya intuíamos en la
organización de los economistas: que contribuyentes y profesionales son críticos con el sistema
tributario y con las Administraciones encargadas de aplicarlo, aunque valorando en estas últimas el
esfuerzo realizado en la adaptación a las nuevas tecnologías”. Y, en este sentido –ha señalado Pich–
“hay que abogar por una simplificación y clarificación, tanto legislativa como de interpretación, y las
Administraciones deben de atemperar el progresivo endurecimiento de las comprobaciones
tributarias, más que en su extensión y profundidad, en la forma de realizarlas”.
Por su parte, los investigadores del IEB, José Mª Durán y Alejandro Esteller-Moré, destacaron la
representatividad de la muestra –con la que se alcanza un margen de error del +/- 3,4% con un nivel
de confianza del 95%- y que “la percepción que tienen los profesionales sobre los principales
impuestos no es negativa, salvo en lo que respecta a los que gravan la riqueza, respecto a los que
consideran que no sirven para cumplir los objetivos que justifican su aplicación”
El presidente del REAF, Agustín Fernández, entre las recomendaciones que se realizan a la vista de
los resultados de la encuesta, destacó que “convendría hacer un análisis coste-beneficio de la
deducción por inversiones en I+D+i, seguir reduciendo el ámbito de aplicación del régimen de
módulos, acometer la reforma de la tributación de la riqueza y que los legislativos autonómicos
tengan en cuenta que la normativa tributaria que aprueban puede provocar el cambio de residencia
de algunos contribuyentes”.
Recomendaciones del REAF a la vista de la opinión de sus miembros sobre el sistema fiscal español
Revisión de la deducción por I+D+i en el sentido de que esta actividad, de importancia
capital en una economía moderna, puede que deba ser incentivada de otra forma, y no
fundamentalmente con el beneficio fiscal regulado en el Impuesto sobre Sociedades.
Reducción de la diferencia entre el tipo del Impuesto sobre Sociedades y los del IRPF
rebajando estos, lo que minoraría el fraude fiscal. Desde luego, no podemos obviar los
problemas que ello entraña, por un lado, porque la competencia fiscal internacional hace
casi inviable una subida del tipo societario y porque, normalmente, la progresividad del
IRPF se articula a través de la progresividad de la tarifa.
Sería conveniente reducir, aún más, el ámbito de aplicación de la estimación objetiva en el
IRPF porque sigue existiendo una opinión fundada de que este régimen especial puede
fomentar el fraude. Esto es especialmente significativo cuando se trata de actividades cuyos
principales destinatarios no son consumidores finales.
Sería deseable intentar la simplificación del IVA y, ahora que se baraja la posibilidad de que
se produzca una subida de tipos en este impuesto, hay que tener en cuenta que el incremento
de recaudación que ello pueda suponer se verá mermado por el más que probable
incremento del fraude.
Dentro de la reforma fiscal que se deberá producir en el medio plazo, entre otras causas para
consolidar las finanzas públicas, es imprescindible replantearse lo relativo a la tributación
de la riqueza ya que, según se desprende de los resultados de la encuesta, los principales
impuestos ligados a esta fiscalidad no cumplen la función para la que fueron diseñados.
Para mejorar nuestro sistema tributario se debería intentar que la normativa tributaria fuera
más estable, estuviera redactada con mayor claridad y adelantar lo más posible su
interpretación.
Hay que modular las diferencias de tributación entre las distintas CCAA –que
indudablemente tienen su razón de ser en la corresponsabilidad fiscal- porque pueden
ocasionar movimientos de residencia fiscal cuando, en el establecimiento del domicilio, lo
deseable es que primen los motivos económicos, personales o sociales.
La AEAT debería intentar cambiar la imagen que presenta al contribuyente de priorizar los
fines recaudatorios sobre los de justicia tributaria y de ser inflexible ante empresas y
contribuyentes. A este respecto, sería importante potenciar la relación cooperativa
incrementando la transparencia.
Tanto la AEAT como las CCAA deberían modular el progresivo endurecimiento observado
en las actuaciones de comprobación, sobre todo en vía de gestión. No se trata de que disminuyan las comprobaciones o de que no se regularicen las situaciones cuando sea
necesario, sino de que se realicen de una manera más personalizada, dando la posibilidad de
que el contribuyente explique sus circunstancias y de que sean escuchadas sus alegaciones.
Hacer un esfuerzo de explicación de las normas tributarias y de las razones de su
implantación o de las modificaciones que se deban realizar en ellas. Esto impediría que se
tenga la percepción de que el sistema fiscal actual es peor que el de hace más de 10 o 15
años, lo que seguramente no sería así de actuar en el sentido expresado.