Entre las medidas que propone el Consejo General de Economistas para acometer el reto del envejecimiento en España se encuentran, entre otras: la creación de “colchones anti-cíclicos” en épocas de bonanza para financiar un envejecimiento que se prevé costará el 24,6% del PIB en 2030 según la Comisión Europea; incrementar la colaboración público-privada para ampliar políticas de dependencia y planes de pensiones de empleo; reducir la “cuña fiscal” en los trabajadores en edad laboral madura (actualmente un trabajador dedica 3,65 de cada 10 euros de coste laboral bruto a pagar Seguridad Social e IRPF), lo que permitiría a estos poder destinar más recursos a planes de empleo; establecer mecanismos de conversión en liquidez de bienes como la vivienda (rentas vitalicias, hipotecas inversas…) al objeto de conseguir liquidez para complementar la pensión y poder financiar los gastos propios del envejecimiento, especialmente en situación de dependencia; potenciar la jubilación activa y desincentivar el retiro temprano; y mejorar la flexibilidad del mercado laboral para favorecer tanto la permanencia de los trabajadores maduros como la entrada de jóvenes.
Según recoge este estudio, los españoles vivirán de forma sana un promedio de 73,8 años y el resto de años hasta los 83 (aproximadamente 10 años) lo hará de forma dependiente. Por otra parte, en España viven 2 millones de personas mayores de 65 años solas en sus hogares, y casi 900.000 en la franja a partir de 80 años (el 31,03% de las personas de esta edad viven solas). Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, “a la vista de estos datos, es muy probable que un alto porcentaje de esas personas mayores de 80 años que viven en soledad se encuentren, a su vez, en situación de dependencia y con una pensión media de aproximadamente 1.100 euros”. Según Pich, “ser anciano, dependiente y solo constituye un enorme riesgo para una gran parte de los españoles, máxime si tenemos en cuenta que en España el número de plazas en residencias –públicas y privadas– no llega a las 400.000, y que, en la actualidad, el sistema complementario de empleo choca con la presión fiscal que ejercen las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el salario –una media del 36,25% sobre el salario bruto–, haciendo difícil su generalización por los altos costes que tiene sobre la empresa”.
Madrid, 24 de septiembre de 2020.- La extensión del coronavirus –con efectos devastadores a muy corto plazo sobre las vidas humanas, el empleo y la actividad económica– ha colocado al envejecimiento como uno de los campos de estricta y urgente intervención no sólo durante la crisis sanitaria sino muy especialmente cuando ésta finalice. Si bien en el estudio titulado El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral (cómo abordar de forma multidisciplinar el envejecimiento) –elaborado por el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España, y que ha sido presentado hoy–, no se obvia el golpe que ha supuesto la COVID-19 sobre la materia objeto de este estudio, su objetivo va más allá –de hecho, su elaboración se inició bastante antes del inicio de la pandemia– e intenta analizar tendencias de fondo desde una perspectiva integral y generar un debate más allá de la reforma del sistema de pensiones.
A este respecto, durante la inauguración del acto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, advirtió “sobre el riesgo de actuar sólo en momentos de urgencia”. Según Pich, “las aproximaciones parciales generan resultados parciales, y solo bajo una mirada global será posible establecer consensos y agendas reformistas estructurales a largo plazo, estableciendo incentivos adecuados para todas las partes; un proyecto de una envergadura tal que se necesitará una perfecta coordinación entre el sector público y el privado”.
La presentación del estudio corrió a cargo de la persona que lo ha coordinado, el economista Javier Santacruz, para quien “la estrategia para afrontar el envejecimiento tiene dos vertientes: por un lado, las políticas públicas y, por otro lado, las decisiones de familias y empresas, a partir de cuatro variables de control: ahorro, stock de capital, productividad y `cuña fiscal´”. Según Santacruz, entre los datos que se pueden extraer de este estudio, hay dos que ponen especialmente de manifiesto las diferencias entre España y el resto de Europa en esta materia. El primero es que la financiación per cápita de la dependencia en España está por debajo de la media de la UE-27, concretamente 184,63 euros per cápita menos. Y el segundo es que en nuestro país un 90% de los programas de salud y dependencia están financiados con cargo a dinero público, frente a sólo un 10% con cargo al sector privado, algo que no sucede en otros países de nuestro entorno. “A lo que –según Santacruz– habría que añadir que en España se da un marco fiscal que `premia´ relativamente al consumo y `castiga´ relativamente al ahorro”.
Coloquio con la participación de las presidentas de la AIReF, UNESPA y CEAPs
Tras la presentación del estudio, se ha celebrado un coloquio, que ha sido moderado por Pascual Fernández, vicepresidente del Consejo General de Economistas, y en el que han participado Pilar González de Frutos, presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), y Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs).
En su intervención, Pilar González de Frutos, celebró, en nombre de su colectivo la realización de este estudio, “que es una aportación muy relevante a un debate que, creemos, debe ser, en el momento presente, tan vivo como desapasionado”. Según la presidenta de UNESPA, “en los correctos diseño y gestión de eso que se ha dado en llamar la `economía de las canas´ nos estamos jugando mucho más que la vertiente social del reto. Nos jugamos nuestra competitividad como país a largo plazo; puesto que sólo las naciones que tengan una sociedad de personas mayores manteniendo patrones de consumo adecuados tendrán potencia de crecimiento dentro de dos o tres décadas. El envejecimiento es una gran oportunidad; una oportunidad que, si no aprovechamos nosotros, aprovecharán otros”.
Por su parte, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha afirmado que “el envejecimiento supone un reto de primera magnitud para la sostenibilidad de las cuentas públicas y con implicaciones para el propio modelo de crecimiento económico. Es esencial analizar cómo hacer compatible el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social sin olvidar los criterios de suficiencia y equidad intergeneracional. Este no es un problema exclusivo de España por lo que es muy útil mirar qué tipo de medidas y modelos se están adoptando en otros países de nuestro entorno”.
En el debate también ha participado Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), quien ha señalado que “el sector lleva 20 años en progresivo cambio, adaptándose a las necesidades de nuestras personas usuarias, evolucionando hacia plataformas que ofrecen una diversidad de servicios, a la medida de cada usuario. El problema que encontramos es que el sistema es muy rígido y la Dependencia es invisible y está infra financiada. Tenemos que tener en cuenta que la demanda de atención va a seguir creciendo, básicamente porque ahora llega la generación del baby boom y durante los próximos 30 años la población con necesidades asistenciales va a ir incrementándose. Todos soñamos con una vejez entrañable y con estar bien hasta el último día, una vejez sana, pero sabemos que no es así. Tenemos poca memoria y demasiada capacidad de olvidar, pero después de lo que ha pasado está claro que este es el momento de cambiar el modelo. No podemos mirar para otro lado, porque son nuestros mayores y porque ahora ya tenemos a 100.000 personas esperando una plaza. Es el momento de actuar”.