- El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Auditoría después de que el Consejo de Estado haya emitido el dictamen sobre el anteproyecto.
- Los auditores creen que la nueva ley debería acercarnos a Europa.
- El sector está dispuesto a contribuir a la mejora del texto durante su tramitación parlamentaria.
13 de febrero de 2015. El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros celebrado hoy, el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, después de que el Consejo de Estado haya emitido el dictamen sobre el anteproyecto. El Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas (REA-REGA), corporación que representa a la mayoría de los auditores, ha puesto de manifiesto que la nueva Ley debe estar alineada con Europa.
El REA+REGA-CGE, ha explicado que, aunque no ha tenido acceso todavía al texto aprobado por el Gobierno, cree que hay tiempo para mejorar la ley en el proceso parlamentario y que va a trabajar para lograr que se apruebe esta legislatura y con el máximo consenso posible.
En esta línea, el REA-REGA-CGE considera que en el último texto al que han tenido acceso, el remitido al Consejo de Estado, existen varias áreas en las que es necesario trabajar para ofrecer una adecuada respuesta a los problemas técnicos que presenta. Entre ellos, se encuentran la definición de entidad de interés público (EIP) que, con la redacción a la que han tenido acceso, haría que en España siguiesen teniendo este carácter más de 6.000 entidades, 6 veces más que Alemania, un país con una economía notablemente mayor.
Asimismo, considera que en el texto remitido al Consejo de Estado el contenido del informe de auditoría previsto se aparta del definido en la directiva comunitaria y destacan los problemas relacionados con el régimen de independencia, de redacción confusa y de difícil cumplimiento en la práctica, que incluye la problemática asociada a la concentración de honorarios, de especial impacto en el pequeño y mediano auditor; con el modelo de supervisión de la auditoría de cuentas que se necesita en España, con el sistema de tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) –la ley prevé la creación de una nueva figura tributaria- y con múltiples aspectos técnicos que suscita el texto.