Madrid, 6 de julio de 2015.- La nueva Ley de Auditoría, que está siendo tramitada en el Senado, es una norma fundamental para la transparencia y la seguridad de los mercados y para las más de 55.000 empresas que se auditan en España. También lo es para las más de 20.000 personas que están acreditadas como auditores y para los cerca de 30.000 empleos directos e indirectos del sector.
El REA+REGA-CGE ha ido comunicando al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios, a lo largo de todo el proceso de esta Ley, todos aquellos aspectos sensibles y susceptibles de mejora, principalmente de carácter técnico, y que hacen referencia a:
• Aleja a España de la UE, generando un sobrecoste a los clientes de los servicios de auditoría respecto a los países europeos que se estima en más de 100 millones de €, equivalente a cerca de la sexta parte de la facturación del sector.
• Tal y como ha declarado el Consejo de Estado, es una ley de muy difícil comprensión. Por tanto, la regulación de la Independencia, uno de los elementos clave de la norma, crea una alta inseguridad jurídica.
• Supone un incremento del 100% de los impuestos a la auditoría que repercute en las empresas auditadas.
• Genera un incremento innecesario de la burocracia a los auditores y un incremento injustificado de las tareas del regulador.
• Es una ley no consensuada ni con el sector, ni con las empresas auditadas, ni con los usuarios en general, ni con la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias. Y ello, a pesar de la disposición permanente de todos los Grupos Parlamentarios de alcanzar un acuerdo.
• Afectará negativamente al mercado en general y, específicamente, a las empresas auditadas y a todo el sector de la auditoria.
Por todas estas razones, el REA+REGA-CGE desea expresar públicamente:
• Su profunda preocupación ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas.
• Su convencimiento de que la redacción actual restará competitividad a España y no permitirá alcanzar los objetivos que busca: la mejora de la transparencia y de la independencia de los auditores.
• Su propuesta de crear con carácter urgente una mesa de trabajo Gobierno-Grupos Parlamentarios-Sector en la que se consensue esta ley.
• Su predisposición a seguir trabajando, mientras exista la más mínima oportunidad, para lograr una ley acorde con la posición de nuestro país en la Unión Europea y con la profesionalidad que día a día demuestran los auditores españoles.
Por todo lo anterior, el REA+REGA-CGE no puede respaldar el redactado actual de este Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas y considera necesario alcanzar un consenso sobre las modificaciones técnicas a introducir en aras a conseguir una Ley moderna, de largo recorrido y que favorezca la estabilidad del mercado, así como la eficiencia y la transparencia de las empresas.