Presentación del estudio Presente y futuro de la auditoría de cuentas en España. 10 claves, realizado por el REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas
Los economistas alertan sobre las dificultades de los pequeños y medianos auditores para competir en el mercado ante la nueva ley
Como causas principales se destacan una regulación cada vez más restrictiva y burocrática y la concentración del sector.
El estudio advierte de la caída del número de empleos en las pymes de auditoría, que pasan de representar casi el 50% del total en años previos a la crisis a menos del 40% en la actualidad.
Foto: Carlos Puig de Travy (presidente del REA+REGA del CGE y Lorenzo Lara Lara (vicepresidente del Consejo General de Economistas
Sevilla, 30 de septiembre de 2016.- En el marco del IV Foro Nacional de pequeños despachos de auditores, que desde ayer se está celebrando en Sevilla, se ha presentado hoy el estudio que lleva por título Presente y futuro de la auditoría de cuentas en España: 10 claves, que ha sido elaborado por el REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas. El trabajo, realizado en colaboración con el Grupo de Investigación en Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Cantabria, analiza el panorama del sector en nuestro país a partir de los datos publicados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a lo largo de la última década.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto el lastre que para los pequeños y medianos auditores supone el cumplimiento de una regulación legal y normativa cada vez más amplia, represiva y burocrática, implantada, además, en plena época de crisis.
La aprobación del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas en 2011 y de las Normas Internacionales de Auditoría aplicables en España en 2013, así como la nueva Ley de Auditoría de Cuentas que entró en vigor el pasado 17 de junio de 2016, entorpecen notablemente el desempeño y la capacidad para competir en el mercado de este tipo de sociedades, que representan más del 95% del total de firmas inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).
Además, existe una preocupante concentración del sector en el poder de las grandes firmas de auditoría, en especial del oligopolio formado por las Big-4, que acumulan cerca de 2/3 del empleo existente y casi el 70% de la facturación generada en 2015.
Esto, junto al estancamiento del precio de la hora facturada, que en promedio está por debajo de 65 euros/hora y se sitúa en niveles similares a los años previos al inicio de la crisis, son factores que merman de manera importante la competitividad de los despachos de auditoría de menor dimensión.
Otras conclusiones que se desprenden del estudio realizado advierten de las siguientes circunstancias preocupantes:
‒ El dominio cada vez mayor de los auditores que se hallan en situación de “no ejercientes”, casi el 75% del total de auditores inscritos en el ROAC.
‒ La decadencia de la figura del auditor “individual”, cuyo número ha disminuido más de un 20% desde 2005.
‒ Un descenso significativo en el número de aspirantes presentados al examen de acceso al ROAC en 2015, casi un 40% menos que en la convocatoria anterior.
‒ La caída del número de empleos en los pequeños y medianos despachos de auditoría, que pasan de representar casi el 50% del total en años previos a la crisis a menos del 40% en la actualidad.
A pesar de estos datos, hay uno adicional y relevante que también anima e invita al optimismo, como es el aumento a lo largo de la última década de los trabajos de auditoría contratados de forma voluntaria, en especial tras la subida de los límites de la auditoría obligatoria, en vigor desde el ejercicio 2008, pero muchas organizaciones que dejaron de estar obligadas, conscientes de sus ventajas, siguieron haciéndolas de forma voluntaria. Así, es cada vez mayor tanto el número de contratos voluntarios que se generan como la proporción que estos representan, actualmente más de uno de cada tres, lo que contribuye a ratificar el valor de la auditoría, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Con todo ello, del estudio se derivan una serie de propuestas para la reflexión y la actuación conjunta de todos los agentes implicados, entre los que se encuentran el ICAC, las Corporaciones representativas de los auditores, las empresas en general y las Pymes en particular, así como las Universidades:
‒ Examinar los programas académicos ofertados por las universidades españolas, en los que la asignatura de “Auditoría de cuentas” prácticamente ha desaparecido como materia obligatoria a nivel de Grado.
‒ Revisar la regulación y los precios de los cursos de Posgrado para el acceso al ROAC, ya que tal y como están implantados en la actualidad pueden suponer una barrera de entrada de auditores noveles al sector y, en consecuencia, una potencial pérdida de calidad y competitividad por falta de nuevos actores capaces en futuro.
‒ Apostar por la fijación de unos honorarios más justos, acordes con la relevancia pública del trabajo encomendado y con las crecientes exigencias de los usuarios en la revisión de la información no financiera que se incorpora en los informes integrados.
‒ Defender la presencia en el mercado de los pequeños y medianos auditores, promoviendo su competitividad a través de la creación de redes y eliminando las barreras de entrada y los obstáculos para su permanencia en el sector, al ser estos los principales proveedores del servicio de auditoría en las MiPymes, que representan más del 99% del total de empresas españolas con asalariados.
‒ Potenciar el interés por realizar auditorías conjuntas efectivas, ya que con ello se ayudaría a las grandes firmas a prolongar la relación con sus clientes y a los pequeños y medianos auditores a incrementar su participación y cuota en el mercado.
‒ Impulsar la exigencia de una auditoría externa a determinados entes y organismos del Sector Público, sobre todo en la Administración Municipal, cuestión fuertemente reivindicada por la sociedad en general.
‒ Realzar el valor de la auditoría y su utilidad para las empresas desde distintos frentes, al aportar credibilidad a la información que divulgan, mejorar sus sistemas de control interno y ayudar en la prevención y detección de fraudes internos.